Opiniones

Ley Chayote

La madrugada de este jueves fue aprobada por el pleno del Senado de la República la denominada Ley General de Comunicación Social o como le han preferido llamar los ignorantes opositores al trabajo periodístico “Ley Chayote”. Esta ley que modifica el artículo 134 de la Constitución Política de nuestro país, aborda el tema de la asignación de la publicidad gubernamental, y hoy ya está en la cancha del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, a quien solo le resta, sin chistar, hacer la promulgación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación para que esta sea ya una ley en vigor. 

De esta manera el Congreso de la Unión, Diputados y Senadores, buscan darle cumplimiento a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual tenía como límite este próximo 30 de abril para su cabal cumplimiento. Esta ley llega tarde justo en el gobierno de Peña Nieto, y como parte de sus propias reformas estructurales, donde desde al menos hace cuatro años debió haber sido expedida. Esta ley forma parte de la Reforma Política impulsada por el Presidente de México desde el año 2014.  

Esta nueva ley que pretende dar mayor certeza a la distribución de los recursos en materia de publicidad gubernamental, busca también de paso, dignificar el papel de los medios de comunicación de nuestro país, en los tres órdenes de gobierno, y cerrando “al menos en el texto”, el paso a esta nueva generación de políticos corruptos quienes ahora en su voracidad administrativa, no solo echan mano de los recursos públicos de forma discrecional, sino que áreas como las de Comunicación Social en las diferentes instancias, ahora también ya se han convertido en las “cajas chicas” de los Alcaldes, Diputados, Gobernadores y hasta del Presidente de la República. 

Esta ley ya fue aprobada en larga sesión al menos en lo general, de forma fast track, y para dar cumplimiento al mandato de la SCJN quien seguramente también habrá de analizar dicha iniciativa en términos de lo dispuesto una vez que esta sea promulgada por Enrique Peña Nieto, quien encabeza justamente, uno de los sexenios con mayor índice de homicidios contra periodistas, a saber 42 muertes hasta ahora. Así como una marcada coacción hacia las empresas de comunicación de este país, usando para ello, mecanismos de control desde las áreas gubernamentales y hasta en el no garantizar el libre ejercicio periodístico de muchos comunicadores que en el afán de ejercer una libertad de expresión plena, han dejado sus vidas a la orilla de un camino con bastante trecho aún sin recorrer. 

La Legislación aprobada define a la Secretaría de Gobernación y a la dependencia o unidad administrativa equivalente en el ámbito de las entidades federativas y los municipios, como encargadas de regular el gasto en materia de Comunicación Social. La SEGOB será la encargada de prestar asistencia técnica y evaluación de las estrategias, programas y campañas de comunicación social para efectos de la difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. Dicha Ley establece la obligación de los entes públicos que cuenten con recursos asignados en el Presupuesto de Egresos para gasto en Comunicación Social, de elaborar un Programa Anual en este tema, concordante con los recursos asignados en el ejercicio fiscal que corresponda. 

La Ley General de Comunicación Social dispone que los medios de comunicación que pretendan participar en la contratación de propaganda deberán estar inscritos previamente en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación, el cual estará a cargo de la Secretaría de Gobernación. La información contenida en el Padrón Nacional será pública y accesible vía electrónica, se precisa que el empadronamiento de los medios de comunicación en ningún caso implicará la obligación de contratación por parte de los entes públicos. 

La Ley señala que la revisión y fiscalización de los recursos públicos federales en la materia se realizará a través de la Auditoría Superior de la Federación, en términos de lo dispuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Además, los entes públicos no podrán convenir el pago de créditos fiscales, ni de cualquier otra obligación de pago a favor de la autoridad, a través de la prestación de servicios de publicidad, impresiones, inserciones y demás actividades en materia de Comunicación Social. La legislación precisa que tampoco podrán destinar recursos presupuestarios para tiempos comerciales, a través de los medios de comunicación, siempre y cuando privilegien y hayan solicitado en primera instancia los tiempos de Estado, y éstos no estuvieran disponibles. 

La Ley General de Comunicación Social señala que respecto a los tiempos oficiales, éstos serán utilizados para la difusión de contenidos de carácter institucional y con fines informativos, educativos, culturales y otros asuntos de interés social. En casos de emergencia derivados de situaciones de salud, desastres naturales o de protección civil, se podrán difundir campañas de comunicación para mantener informada a la población. Determina la distribución de los tiempos fiscales de la siguiente manera: al Poder Ejecutivo Federal se le asigna el 40%; al Poder Legislativo 30%; 10% para el Poder Judicial, y 20% a los entes autónomos. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión de toda campaña de Comunicación Social en los medios de comunicación. Se indican las normas para la difusión de mensajes extraordinarios, que son aquellos que comprenden información relevante para atender una situación de carácter emergente o coyuntural y que, por no ser previsible, no está incluido en el Programa Anual de Comunicación Social. 

Con este nuevo marco legal se establece la obligación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal de registrar en el Sistema Público, a cargo de la Secretaría de la Función Pública, la información desglosada por partida presupuestal de las erogaciones referidas a gasto en campañas de Comunicación Social. Los entes públicos están obligados a poner a disposición del público y mantener actualizado un informe semestral sobre el gasto en campañas de Comunicación Social en su portal de transparencia. 

Esta nueva Ley General de Comunicación Social señala que constituyen infracción a la norma el difundir campañas de Comunicación Social violatorias a los principios rectores, exceder los límites y condiciones establecidas para los informes anuales de labores de los servicios públicos, el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este ordenamiento. Cuando las autoridades federales, estatales o municipales cometan alguna de estas infracciones se dará vista al superior jerárquico y, en su caso, se presentará la queja ante la autoridad competente por hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas o las denuncias o querellas ante el agente del Ministerio Público, a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables. 

Si bien esta ley habla de los cómo, no explica aún a ojos de todos, de las sanciones de que serían objeto todos aquellos servidores públicos que la incumplan, sigue dejando abierta la discrecionalidad de favorecer a los medios de comunicación afines a los gobiernos en turno, pero a pesar de ello, ya es un primer avance en la materia. Ahora sin duda, seguirá siendo necesario implementar los ajustes que esta permita en aras de hacerla más concordante con la realidad del país en el que vivimos. 

El objetivo de esta Ley General de Comunicación Social, señala que el ordenamiento será aplicable a los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y las entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno. 

Este es un hecho que profundizará, en mi opinión, aún más la crisis en que hoy se encuentran muchos de los medios de comunicación, desde nacionales hasta locales, sobre todo los impresos y que dicho sea de paso, cada vez son menos. Esta ley terminará por erradicar al menos en la norma, a todos aquellos advenedizos del oficio o profesión periodística, quienes han visto en este campo económico, la oportunidad de por sus componendas, compadrazgos o simples chantajes a la autoridad gubernamental, acceder a los presupuestos públicos sin siquiera aplicar un mínimo de control ético, un mínimo de respeto moral y un mucho del rigor que implica la labor de informar. 

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Soy un periodista comprometido con mi labor de informar con oportunidad, imparcialidad y apego a la realidad que se vive en el Estado de México.

Desde mis inicios, en el año de 1998, y gracias al esfuerzo realizado por mi equipo de colaboradores, he logrado posicionarme como un periodista y medio de comunicación serio dentro de los sectores donde tengo presencia.

Biografía

Soy izcallense de toda la vida, he participado en medios de comunicación local y desarrollé por 10 años el impreso Reporte Especial “Periodismo y Comunicación para la Ciudad”; hoy haciendo marca personal bajo el sello Reporte Especial de… Álvaro Sánchez, orientado a gestionar Multimedia Informativa mediante diferentes recursos en mi sitio de Internet, además del uso de las Redes Sociales más populares.

Mi cobertura, influencia y presencia comprende principalmente los municipios de Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla de Baz, Naucalpan de Juárez, Huixquilucan de Degollado y Toluca de Lerdo; una de las regiones económicas y políticas más importantes del Estado de México.

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